¿Quien debería instalar su sistema de Circuito cerrado de televisión?

Para la instalación de su sistema Cctv hay que tener en cuenta diversos factores, el mas importante el preguntarnos, ¿cual es el fin de la instalación?. Si la instalación de circuito cerrado de televisión esta dirigida a “protección y seguridad”, la instalación debería ser realizada por una empresa certificada por la Dirección General de la Policía. Estas empresas son las únicas que pueden certificar su instalación ante la policía como instalación de seguridad electrónica.

Hasta la entrada en vigor de la Ley Omnibus (Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio), la instalación de sistemas de vídeo-vigilancia sólo era posible contratando servicios de empresas de seguridad debidamente autorizadas por el Ministerio del Interior, conforme a lo exigido por la Ley 23/1992, del 30 de julio de Seguridad Privada. A partir de ese momento se abre la lata de las dudas, ¿a quien debería avisar para que me instalen mi sistema Cctv?. Nuestra recomendación es que sea siempre una empresa autorizada, por que de esta manera se evitará los problemas que puedan surgir acerca de la legitimidad y funcionalidad legal de su sistema Cctv.

 ¿Quién puede ver las imágenes de un sistema de Circuito Cerrado de Televisión? Mucho cuidado con este tema para evitarse sorpresas y sanciones.

Ni empresas, ni administradores de fincas, ni clientes, logran dar con la respuesta a esta pregunta tan sencilla. ¿Quién puede ver las imágenes de un sistema de video-vigilancia?. El verdadero problema de dar con esta respuesta es que existe una inseguridad jurídica, depende de cómo se interpreten los artículos que lo legislan.

Antes habría que citar dos conceptos legales para mejor comprensión  de la exposición posterior:

– Artículo 71 del Reglamento de Seguridad Privada en el que se enumeran las funciones que sólo pueden desempeñar el personal de seguridad privada que son, fundamentalmente, de vigilancia y seguridad.

– La Disposición Adicional Sexta de la Ley 23/1992 de 30 de julio de Seguridad Privada excluye de la legislación de seguridad privada la venta, entrega, instalación y mantenimiento de “equipos técnicos de seguridad, siempre que no incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma”.

En el mencionado informe policial, cuando las cámaras de CCTV se utilicen con fines de prevención contra el robo, intrusión u otros hechos delictivos, “el visionado, en tiempo real, de las imágenes captadas por dichos sistemas de vídeo-vigilancia sólo podrá ser realizado por personal de seguridad privada”. El problema de este informe es que no distingue entre instalaciones de CCTV y sistemas de vídeo vigilancia, utilizando indistintamente estos términos. Y tampoco distingue entre los sistemas conectados a CRA o a Centros de Control de vídeo-vigilancia y los que no están conectados. Sin embargo, sí hace distinción sobre la finalidad de la utilización de los sistemas de captación de imágenes: si se utilizan con fines de prevención contra el robo, intrusión u otros hechos delictivos el visionado, en tiempo real, sólo puede realizarse por personal de seguridad privada. Si los CCTV se utilizan para otros fines pueden visionarse por personal distinto al de seguridad privada que cumplan lo regulado por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

El visionado constante por parte de del conserje de una finca, o por parte del secretario de una empresa, es una mala idea. Podría ser sancionado con multas considerables si recibiera la visita de un inspector de policía. Lo recomendable sería contratar el servicio de una empresa certificada para que le realizaran todos esos trabajos de mantenimiento.

¿Que necesito saber para cumplir la normativa de la Agencia Española de Protección de Datos?

  • Hasta el mes de octubre de 2018 era necesario inscribir el fichero correspondiente en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), para cumplir con los deberes establecido por la LOPD y la Instrucción 1/2006. A partir de esta fecha entra en vigor RGPD, (Reglamento Europeo de protección de datos), y sustituye a la instrucción española. Ya no es necesario inscribir el fichero, pero si elaborar los contratos pertinente como responsable y encargado del tratamiento.
  • Cumplir con el deber de información dispuesto en la RGPD, colocando distintivos con la información específica de los propietarios del fichero para dar a conocer la existencia de cámaras de vídeo-vigilancia.
  • Elaborar de manera obligatoria el Documento de Seguridad referente a la instalación de vídeo-vigilancia.
  • No grabar o capturar imágenes de espacios públicos de no ser algo inevitable debido a su ubicación o que sea imprescindible para la finalidad de la grabación.
  • No obtener imágenes de espacios íntimos, como lavabos o semejantes.
  • Tomar medidas de seguridad respecto a la recogida de las imágenes y recuperación de las grabaciones. Por ejemplo, una contraseña.
  • No almacenar las grabaciones más de 30 días.
  • Dejar a disposición judicial imágenes o grabaciones que contengan incidencias o delitos.
  • Poseer la correspondiente solicitudes de cancelación y rectificación de imágenes.
  • En el caso de comunidades debería existir una clausula informativa en el panel de avisos de la comunidad.

 

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